En el Perú, el sector sanitario privado parece haber hecho suya la paparruchada insostenible que repetía hace unos días una mediática periodista local en Twitter: “El afán de lucro mueve al mundo”, para mostrar su cara más inhumana. Los sucesivos escándalos protagonizados por clínicas, farmacéuticas y proveedores de insumos sanitarios, todos de capital privado, han dejado en claro, además, que el modelo liberal del “sálvese quien pueda (pagarse el seguro privado)”, también es una falacia, porque cuando más las necesitaban, estas empresas han cometido un pecado mortal en el ideario libremercadista: traicionaron a sus propios clientes.
Una historia de capitalismo global, como cualquier otra: en 1986, en Lima, se crea un barrio llamado Las Torres de Limatambo -algo parecido a lo que se conoce en Europa como viviendas de protección oficial o the projects en Estados Unidos-. La flamante farmacia de mi barrio, se llamaba Botica Torres de Limatambo (conocida después como BTL). Durante los 90, ese negocio familiar prosperó hasta convertirse en una cadena importante de farmacias. En 1999 la cadena fue vendida a la multinacional israelí Teva Pharmaceutical Industries, que en 2011 se la vendió al grupo Quicorp, que a su vez fue absorbido en 2018 por el grupo Intercorp que hoy controla el 95% de las farmacias del país -además de uno de los principales bancos, supermercados, cadenas de cines, aseguradoras, restaurantes de comida rápida, hoteles, universidades y colegios-y está liderado por el hombre más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, cuya fortuna según la revista Forbes está valorada en más de 4,000 millones de dólares.
Durante la pandemia, muchas farmacias pertenecientes a Intercorp, como BTL, han tenido un papel nefasto especulando, ofreciendo como primera opción medicamentos genéricos de sus propias marcas o encareciendo sus precios ya que el gobierno del Perú no puede, constitucionalmente, regular dichos precios -la Constitución peruana vigente fue promulgada durante el gobierno del dictador Alberto Fujimori en 1993-. De hecho, el gobierno actual tuvo que adoptar una serie de medidas de emergencia para intentar frenar la voracidad de estas empresas. Por ejemplo, un decreto de urgencia para obligarles a proporcionar al Estado información real sobre sus stocks y sus precios de venta al público. Pero las farmacias son solo un eslabón más de la cadena de la salud privatizada.
Un informe del Instituto Nacional de Salud de Perú, fechado el 29 de mayo, concluyó que clínicas privadas habían hecho cobros irregulares a sus pacientes por las pruebas moleculares para la detección del covid-19 que el propio instituto realiza gratuitamente. Los cobros de las clínicas se justifican, según recibos, en el material de recogida de la muestra (como guantes o mascarillas descartables) por el que en algunos casos han llegado a cobrar a sus clientes casi 600 soles (unos 170 dólares). Por otro lado, el superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud, Carlos Acosta, explicó en un canal nacional que se está realizando un informe al respecto, que involucra a 136 clínicas privadas del país. Todo ello mientras la gente adquiere con ellas deudas millonarias para pagar el tratamiento, muchas veces infructuoso, de sus familiares.
Y en este juego entran, además de las clínicas y las farmacéuticas, las aseguradoras -que, como señala esta investigación del portal Ojo Público, han llegado a elevar hasta en 20% los costos de sus pólizas durante la pandemia-, y los proveedores de insumos tan básicos como el oxígeno medicinal. Esto último es especialmente lacerante en un país en el que la producción de este gas está también monopolizada por dos empresas, Linde y Air Products, a través de varias subsidiarias. Ambas empresas no solo ya habían sido sancionadas en el pasado por monopolizar la producción de oxígeno medicinal en el país, sino que, según señala un informe de la Defensoría del Pueblo, una vez desatada la pandemia habrían también elevado los precios del producto mientras la gente moría, literalmente, por falta de oxígeno.
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